La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva meses investigando en clínicas privadas de Barcelona y Madrid la relación que mantienen con los médicos que ejercen en ellas, y acaba de abrir a la Policlínica Barcelona un acta de liquidación por valor de cerca de 700.000 euros, que será recurrida por el centro.

Ante este caso concreto y otros posibles, la patronal Agrupación Catalana de Establecimientos Sanitarios (ACES), que dirige Lluis Monset, ha convocado a todos los centros que forman parte del sector privado autonómico a una reunión urgente el próximo día 30.

José Justo Martín, director-gerente de la Policlínica, informó ayer al cierre de esta edición a Diario Médico, que entre octubre de 2008 y abril del 2009 se realizaron diligencias inspectoras en su centro, y se impuso finalmente el acta de infracción tras varias comparecencias y aportar la información requerida, basada en los contratos mercantiles y de servicios médicos de 62 profesionales que trabajan en el centro como autónomos, cobrando de la clínica y en muchos casos directamente de mutualidades o entidades aseguradoras (algunos incluso son accionistas de Asistencia Sanitaria Colegial).

Los fundamentos de la Inspección de Trabajo contra la Policlínica son que da una imagen integral de servicios médicos especializados sin tener ninguno de ellos (especialistas) con contrato laboral; algo que sí ofrece en el caso de los médicos de guardia, mientras que los médicos especialistas mantienen con la clínica una relación profesional mercantil bajo contrato. "Es cierto que la mayor parte de los contratos con las mutuas o entidades aseguradoras los posee la Policlínica, así como que ésta establece horarios de asistencia, puesto que si no sería inviable el servicio. Pero el profesional, que por las mañanas trabaja en el sector público, revierte su tiempo de la forma que le place, cerrando la consulta si le coincide con otras actividades profesionales o con congresos y adaptándola, alargándola y distribuyéndola como mejor le conviene", según ha señalado Martín Baez. A su juicio, este caso y otros similares puede ser "un mazazo y un atentado para la sanidad privada".